Entrevista al abogado Javier de la Cueva: "La nueva Ley de Propiedad Intelectual es fruto de la corrupción"Manuel Ángel Méndez. Gizmodo. 17 febrero 2014.
Desde que el Gobierno español presentó el pasado viernes el proyecto de la nueva
Ley de Propiedad Intelectual (LPI), solo hemos leído una cosa: tasa Google. Para
Javier de la Cueva, abogado especializado en tecnología e Internet, el problema realmente grave es otro: el canon de 5 euros por alumno que la LPI quiere imponer a las Universidades. "Eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos, y no la tasa Google. Es un disparate". Hablamos con él de ese canon, de Google, enlaces, descargas y, sobre todo, de qué significa de verdad para ti esta polémica ley.
Gizmodo en Español: Un disparate. Así defines la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual presentada por el Gobierno español. ¿Por qué?Javier de la Cueva: Porque va a dejar que una asociación privada, CEDRO, se apropie de la investigación científica en las Universidades. La historia de la tasa Google es algo entre una asociación de editoriales (AEDE) y una empresa privada, Google. Pero el canon sobre las Universidades es algo que afecta directamente al núcleo de esta sociedad, que es la ciencia y la tecnología.
Gizmodo en Español: ¿En qué consiste ese canon a las Universidades?Javier de la Cueva: Esto viene de atrás, desde el 2010, cuando CEDRO, la SGAE de los libros, la sociedad que gestiona los derechos de escritores y editores, le pidió a las Universidades pagar un canon por el material que utilizaban en sus campus virtuales. Las Universidades se defendieron diciendo que ahí solo se compartían materiales de cada profesor y en Creative Commons. CEDRO entonces contrató detectives privados en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Autónoma de Barcelona, demandó a los centros y les pidió 5 euros de canon por alumno.
Las Universidades perdieron los juicios porque se aplicaron los razonamientos utilizados desde siempre para las fotocopiadoras, sin tener en cuenta que hablamos de campus virtuales, algo completamente diferente. Posteriormente se apelaron esas sentencias con la misma tesis del caso que dio la razón a
YouTube frente Telecinco. En ese caso se estableció que quien es propietario de una red (un campus virtual), no tiene tiempo de vigilarla, sobre todo cuando acceden millones de personas. Si alguno de los propietarios de derechos de autor detecta una vulneración, debe contactar con YouTube para que retire el contenido.
Ahora el Ministerio de Cultura ha vuelto a la carga con la reforma de la LPI creando un canon: las Universidades públicas y privadas tendrán que pagar 5 euros por alumno. Si coges el número de alumnos y Universidades, sale a 8 millones de euros anuales a favor de CEDRO. Y todo por publicar objetos bajo Creative Commons. Un disparate.
Gizmodo en Español: ¿Ese canon lo acabaremos pagando todos los ciudadanos?Javier de la Cueva: Sí, las Universidades privadas probablemente incrementarán el precio de sus matrículas, y las públicas también: una parte en lo que pagan los ciudadanos, y otra en lo que paga la Administración Pública. Al final todo ese dinero saldrá de nosotros. Y no solo eso. El problema es que se está produciendo una apropiación privada del conocimiento, y del llamado
Open Access.
Gizmodo en Español: ¿Es España el único país en Europa o el mundo que se plantea hacer esto?Javier de la Cueva: Sí, desde luego cobrar un canon por algo que debe ser de acceso abierto, sí.
Gizmodo en Español: ¿Crees que va a salir adelante?Javier de la Cueva: Sin duda. Está en el
texto del año pasado y en el de este, y encima nadie lo denuncia. ¿Cómo puede ser que una asociación privada como CEDRO, en la que básicamente manda Editorial Planeta, con Cuatro, La Sexta, La Razón etc detrás, se lleve toda esta pasta pública?
Gizmodo en Español: Y mientras, todos hablando de la tasa Google...Javier de la Cueva: Al usuario de a pie la tasa Google no le afecta absolutamente en nada. Le da igual. Por eso sigo sorprendido, y perdóname la expresión, por la imbecilidad que se está demostrando tanto a nivel social como periodístico. La tasa Google al ciudadano de a pie le importa cero. Y no nos olvidemos: Google es una compañía que gana millones, tributa en Irlanda y aquí no nos deja nada.
Gizmodo en Español: ¿Imbecilidad o interés de los medios de AEDE de dar notoriedad al tema?Javier de la Cueva: Digamos imbecilidad de nosotros mismos, de la sociedad, que no tenemnos espíritu crítico para darnos cuenta de lo que nos están contando es justo aquello a lo que no tenemos que mirar.
Gizmodo en Español: La tasa Google no afecta al usuario de a pie, pero, ¿es justificada?Javier de la Cueva: Es el mundo al revés. Es pedirle a alguien (Google) que te da notoriedad y visitas que encima te pague. Google trae clientes a los medios de comunicación y ¿le quieren cobrar?
Gizmodo en Español: ¿Quiénes van a ser los grandes perjudicados de esta medida en España?Javier de la Cueva: Páginas como
Menéame, que no tienen el músculo financiero, ni jurídico, ni mediático que pueda tener Google. Menéame al final lo que hace es llevar visitas a los medios. Google siempre puede decidir no enlazar y mandar a paseo a los medios, pero para agregadores más pequeños va a ser más complicado.
Gizmodo en Español: ¿Diferencia la reforma de la LPI entre agregadores en los que son los usuarios quienes cuelgan los fragmentos (Menéame, Facebook, Twitter) frente a otros como Google News?Javier de la Cueva: No, no los diferencia, todos están incluidos en la misma norma. Y no se trata de un defecto, la norma es defectuosa en sí misma.
Gizmodo en Español: Pero una cosa es un agregador y otra un medio digital, que no agrega titular + fragmento de contenido, sino que cita a otros medios. ¿También afectaría la LPI a estos últimos?Javier de la Cueva: Ahí habría que mirar cómo queda el texto final. Hace poco se produjo la
sentencia Svensson y esta permite la cita mediante lo que se denomina enlaces marco. Habrá que ver cómo encajan ambos temas. Entiendo que no, porque una cosa son los agregadores puros de noticias, y otras las redes sociales y blogs.
Gizmodo en Español: Es decir, si tienes un blog, sea profesional o no, la LPI no te afecta.Javier de la Cueva: En principio no. Pero habrá que ver. Hay que diferenciar dos mundos: el mundo estrictamente legal y luego el mundo de lo que, siendo ilegal, no se persigue. Si nos pusiéramos estrictos, los blogs no podrían citar. Llevamos muchos años sin que en España se pueda ejercer el derecho de cita. Este es solo legal dentro del ámbito educativo y de investigación y los blogs no caen en ese ámbito. Sin embargo, han continuado citando y no ha habido problema. Esto nos demuestra que dentro de la Propiedad Intelectual hay muchas parcelas en las que no se aplica la ley.
Gizmodo en Español: La tasa Google se intentó establecer en Bélgica, Alemania y Francia. ¿Qué ocurrió?Javier de la Cueva: Que fue un fracaso. En Bélgica Google quitó a los periódicos de Google News. Pero luego, al perder tráfico, los periódicos pidieron otra vez a Google entrar, en plan "¿no te importa seguir mandándonos tráfico?". En Alemania Google quitó a los medios y les dio un plazo de un mes para decidir si querían entrar de nuevo, pero no les paga nada. Y en Francia al final Google pactó un fondo con los medios, muy diferente de una tasa.
Gizmodo en Español: Más allá de la tasa Google y del canon a las Universidades, la reforma de la LPI quiere perseguir con más efectividad a los sitios que alojen o enlacen contenido protegido por derechos de autor (series, películas, libros…) ¿qué novedades introduce esta reforma con respecto a lo que ya existía?Javier de la Cueva: Básicamente la posibilidad de perseguir a los usuarios. Hay una reforma de la ley de enjuiciamiento civil para que las operadoras de telefonía puedan identificar quién se está descargando más. Esto hasta ahora solo se podía hacer por vía penal, ahora se podría hacer por vía civil. Es decir, una productora, por ejemplo, podría pedir a un juez por la vía civil identificar a los usuarios que están detrás de las descargas.
Gizmodo en Español: ¿Qué consecuencias podría tener eso para los usuarios que descargan películas u otro contenido?Javier de la Cueva: Aquí no habría multas, son indemnizaciones, es decir, se les podría obligar a pagar por lo que han descargado. Donde sí habría multas sería para los administradores de las páginas que alojan o comparten enlaces con contenidos protegidos por derechos de autor.
Gizmodo en Español: ¿Hay marcha atrás en esta ley? ¿Se puede hacer algo para evitarla?Javier de la Cueva: La única que nos puede salvar de este disparate es Europa. El Partido Popular está demostrando una absoluta corrupción. No existe un solo país en Europa donde una asociación privada como CEDRO se esté apropiando de la investigación. Esta nueva ley es fruto de ese mecanismo, de la corrupción. Tendrá que ser Europa quien nos salve de esta cleptocracia.
----::::----
Los piratas de la prensaIñigo Sáenz de Ugarte. Blog Guerra Eterna. 17 febrero 2014.
Los piratas de ABCEuforia en el mundo de la cultura. Éxtasis en el periodismo. La crisis de la prensa –pilar de la democracia, el Estado de derecho y los buenos modales en la mesa– tiene por fin ante sí un remedio milagroso. Varios periódicos le dedican este sábado sus portadas. Nos hemos salvado. O mejor dicho, el Gobierno nos ha salvado de… (música de terror) ¡¡la piratería!!
Al final, era eso. Un mercado publicitario de 2.000 millones ha pasado a tener que
conformarse con 600 porque Google News publica el titular y dos frases con un enlace al artículo original. Las empresas han tenido que despedir a miles de profesionales porque algunas webs publican resúmenes de prensa. Se acabó el “gratis total” sin el cual los lectores, arrepentidos, volverán en manada a los quioscos para hacerse con esas cabeceras que perdieron el año pasado
1,3 millones de lectores.
Para el nuevo director de El Mundo, Casimiro García Abadillo, la llamada tasa Google es el primer paso necesario para “
evitar el hundimiento de la prensa por los piratas”. Eso mismo, los piratas. ¿La falta de adaptación al universo digital? ¿Los cambios de costumbre de los lectores? ¿La creciente falta de calidad en los contenidos y la cobertura de temas del corazón para subir las ventas en fin de semana? ¿La pérdida de capital humano en las redacciones? ¿Las inversiones millonarias fallidas, como las de Prisa en Sogecable y la de Unedisa con la compra de Recoletos, que han generado una deuda imposible de enjugar con los recursos propios?
No, nada de eso, son los piratas los que han provocado el hundimiento. Todo lo descrito en el párrafo anterior es sólo una mala racha.
Como el boxeador sonado con la cara cubierta de sangre que casi ya no puede ver, cuentan a su preparador que sólo necesitan un par de puntos de sutura para salir a ganar el combate.
Toda esta visión de la prensa como pilar imprescindible de la democracia pasa obviamente por el requisito previo de su independencia. Resulta difícil de aceptar esa importancia si los periódicos se limitan a ser el brazo propagandístico del poder político. Las empresas editoras llevan tiempo pidiendo ayuda al Gobierno, mientras algunas de ellas rechazan al mismo tiempo la intervención del Estado y las subvenciones a las empresas no productivas. Ahora ya están en deuda con el Gobierno, al igual que con los bancos, y nos quieren hacer creer que una limosna de Google, en forma de unas decenas de millones de euros al año para todos, les sacará de su crisis estructural.
Su problema, y el de sus lectores, es que el Gobierno no entiende de nada que tenga que ver con el concepto de “gratis total”. Tengan por seguro que se cobrará su deuda y con intereses. Los piratas que visten de traje son mucho más implacables que los que navegan en barcos con cascos agujereados.
----::::----
No a la tasa GoogleIgnacio Escolar. eldiario. 17/02/2014 - 22:09h
Estar en Google es opcional. Poner en tu periódico los botones de Twitter, o de Facebook, o de Menéame, también es voluntario. Nadie obliga a ningún diario a ser "robado" por un agregador de noticias o un buscador que enlace a sus artículos. Al contrario: es bastante sencillo
desaparecer de Google, pero ninguno de los medios de comunicación que estos días celebran el nuevo canon digital querría salir de allí.
¿La razón? Que los diarios ganamos lectores, gracias a estos "ladrones" a los que el Gobierno quiere ahora hacer pagar. Que no nos están robando, sino que nos regalan ingresos, a través de una audiencia a la que ningún medio querría hoy renunciar.
La tasa Google es un total despropósito que pretende insuflar nuevos ingresos a un modelo de negocio agonizante y cuyos problemas tampoco solucionará este canon. La reforma es un sinsentido, que puede hacer desaparecer servicios en internet que son buenos para los medios y buenos para los lectores. El enlace es la base sobre la que se ha construido la actual web, y penalizarla –obligando al pago a quienes enlacen a otros medios– es un disparate, además de una injusticia.
El canon es absurdo también, porque no está claro cómo se repartirán esos ingresos y todo hace pensar en lo peor: en los mismos criterios opacos y arbitrarios que aplican las demás entidades de gestión. No se podrá renunciar a ese "derecho" y el canon también se recaudará incluso en el nombre de medios que se acogen a una licencia Creative Commons,
como hace eldiario.es. Aunque no quieras cobrar ese canon, alguien lo cobrará en tu nombre.
Ayer salieron los últimos datos de ComScore y eldiario.es y nuestros medios asociados ya sumamos 1,99 millones de usuarios únicos mensuales, según la ola de enero. Nos hemos colocado ya entre los diez diarios de información general más visitados, el tercero entre los digitales puros sólo por detrás de El Confidencial y LaInformación.com. En ese mismo mes, el periódico La Razón tuvo la mitad de audiencia que nosotros, apenas un millón. La supuesta piratería es digital, pero hace ya tiempo que los editores de papel no son los únicos que cuentan con lectores en la red. Y los más "pirateados" no hemos pedido esta tasa.
eldiario.es fue el año pasado, con bastante diferencia,
el medio con más audiencia en Menéame. Nos "robaron" cientos de noticias que nos supuso 3,6 millones de visitas (gracias, queridos usuarios de Menéame). Sólo YouTube tuvo más tráfico desde este agregador. El segundo diario más "meneado" fue El Confidencial y el tercero, LaInformación.com, ambos con 1,9 millones de visitas.
Ni eldiario.es ni El Confidencial ni LaInformación.com estamos en AEDE, la asociación de editores que ha presionado al Gobierno para que apruebe la tasa Google. Tampoco la piden la otra patronal del sector de la prensa, AEDE, que agrupa a muchos otros medios que están entre los más leídos en España, como 20 Minutos. ¿Exactamente en nombre de quién va a recaudar CEDRO (la entidad de gestión destinada a cobrar este canon)? ¿A quién le va a pagar lo que recaude? ¿Con qué criterio se va a crear la mesa que negocie con Google esta tasa? ¿Por qué AEDE se atribuye la representación de un sector que es muchísimo más amplio?
Si el Gobierno quiere combatir la piratería y ayudar al desarrollo de medios de comunicación solventes que garanticen ese derecho a la información tan importante para una democracia, el camino es otro. Más que tasas a Google, estaría bien que dejase de utilizar la publicidad institucional como herramienta para la censura, como método arbitrario para controlar a los medios de comunicación o poner y quitar directores. Que cumpla el Ejecutivo con la cacareada transparencia y obligue a todas las administraciones a publicar un listado anual con todas las subvenciones, ayudas y publicidad institucional que reparte entre cada uno de los periódicos.
No creo que lo veamos. Porque si viésemos ese listado, y conociésemos las tripas de la libertad de prensa en España, quedaríamos completamente escandalizados.
----::::----
La alucinante componenda del gobierno español con los medios.Blog de Enrique Dans. 17 febrero 2014.
Tras dedicar un tiempo a analizar las noticias y el entorno, y otro buen tiempo a hablar con varios de los implicados, empiezo a tener una idea clara de lo que hay detrás de la presentación del
anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual, que contiene eso que algunos han pretendido llamar “la tasa Google” y que, en rigor, debería denominarse “canon de la AEDE”.
Lo que estamos viviendo en estos momentos va mucho más allá de un cobro a los agregadores o una modificación de una ley: estamos hablando de una excusa basada en la tecnología, que permite con su “regulación” la toma de control de un gobierno sobre los medios de comunicación de un país. De algo que tiene mucho más que ver con el establecimiento de una auténtica “democracia bananera”.
Sabiendo de dónde y de quién viene el movimiento, es relativamente fácil ver sus derivaciones: el gobierno, obsesionado con el tratamiento de los medios de comunicación y preocupado por las próximas citas electorales, ha decidido tomar por asalto las posiciones que no controlaba: mediante el reparto de la jugosa tarta de la publicidad institucional y poniendo encima de la mesa la citada modificación de la ley, ha conseguido ya modificaciones en las cúpulas de los principales diarios que le habían resultado hostiles: tras los
cambios en la dirección de La Vanguardia y El Mundo, suena ahora el
relevo en El País, completando un movimiento en las cabeceras tradicionales que estaba en realidad planificado desde antes incluso de que el Partido Popular llegase al poder.
El diseño cuidadoso del anteproyecto de ley, que toma como modelo el caso alemán y busca claramente
cerrar los huecos que permitieron que Google fuese capaz de evitar el pago en aquel país, dejan claro que estamos hablando de una pieza más en toda esta jugada de toma de control. El secuestro de la red, como moneda de cambio para lograr un control de los medios digno de un país populista o directamente autocrático.
La modificación del proyecto de ley de propiedad intelectual planteada por el gobierno español está pensada, por encima de todo, como una manera segura de entregar dinero a los medios. En primer lugar, destaca el planteamiento de “derecho irrenunciable”: ¿cómo puede plantearse como “derecho irrenunciable” algo a lo que yo – o muchos otros medios – expresamente renunciamos mediante una licencia de contenidos abierta? Una licencia
Creative Commons BY explicita de forma clara que permito la reproducción de mis contenidos con la única condición de que vayan correctamente atribuidos. ¿Cómo puede un gobierno pasar por encima de mi voluntad y “obligar” a que esos contenidos devenguen un pago, que además es recaudado por una sociedad de gestión y repartido con criterios que ellos mismos deciden? ¿Cómo justificar semejante componenda? La única razón es asegurar que ese dinero, un auténtico “impuesto revolucionario” se mire como se mire, llega finalmente a quienes ellos quieren que llegue. Mientras en Alemania bastó con un cambio en las condiciones de los agregadores para evitar el pago (la práctica totalidad de los medios se apuntaron al sistema opt-in planteado por Google News con tal de no quedarse fuera), en España esa posibilidad queda cerrada, porque hablamos de un supuesto “derecho irrenunciable”. Hace falta mucho valor y mucha premeditación para plantear algo así.
¿Cómo explicar el cambio que supone pasar a definir los “fragmentos no significativos” como elemento diferencial, frente a la consideración tradicional opuesta, la de tomar en consideración precisamente los “fragmentos significativos”? Hablamos de lo mismo: de tomar la experiencia alemana, y evitar los “errores” que llevaron a que finalmente, nadie pagase a nadie y la situación se mantuviese como estaba. Porque, no lo olvidemos: esto no tiene nada que ver con defender a Google News, a Menéame o a otros: hablamos de defender el mismísimo funcionamiento de una red abierta. Si se establece el canon de la AEDE, pasamos a tener una parte determinada de la red que, en virtud de una ley, no puede ser citada ni enlazada si no media un pago a cambio. No, las cosas no son así: en la red, citar fragmentos breves y enlazar es algo que forma parte de la libertad de todo usuario. Bajo el régimen propuesto, pasamos a generar todo un ámbito con límites difusos en los que el Estado pasa a meter sus narices mediante una sociedad de gestión que recauda un canon, bajo exactamente la misma fórmula que el de la denostada SGAE, y que reparte igualmente a su antojo. Todo lo aplicable al canon de la SGAE es aplicable a este caso, con el agravante de que, además, aquí nos referimos a algo tan sensible como la libertad de información.
¿Como razonar que el anteproyecto ponga el foco en los enlaces, precisamente una semana después de que
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita un dictamen en el que deja claro que un enlace dirigido hacia una obra que está disponible regularmente en otro lugar de la red no puede ser constitutivo de delito? No, absolutamente nada que ver con “los agregadores nos roban”, o “se aprovechan de nuestra propiedad intelectual para generar ingresos a nuestra costa”. Hablamos de sistemas de agregación basados en la más rigurosa voluntariedad: todo medio puede excluirse de esas plataformas si lo desea. Además, hablamos en algunos casos de sistemas carentes de publicidad y que no generan ingresos, o que si los generan,
son muy exiguos e incapaces de justificar un planteamiento de “impuesto revolucionario” adicional.
Lo mejor de todo este movimiento es que en ningún caso lo vas a poder seguir a través de ningún medio perteneciente a AEDE, verdadero cómplice del mismo. Si quieres enterarte realmente de algo, tendrás que recurrir a medios nativos digitales y a publicaciones no incluidas en AEDE. ¿No te extrañó ver a Luís Enríquez, presidente de AEDE, a la derecha de Jose Ignacio Wert en la presentación del proyecto de ley? ¿Qué hace el presidente del lobby de las grandes cabeceras en la comparecencia en la que un ministro explica la modificación de una ley? El resultado final es un país con sus cabeceras tradicionales bajo control, renunciando a toda hostilidad hacia el gobierno merced a un pago llevado a cabo mediante el reparto de la publicidad institucional y del recién generado canon: se entrega a la AEDE la simbólica cabeza de un enemigo que venían reclamando desde hace ya muchos años, y se deja a otras empresas, como Menéame, en la situación de ser un simple “daño colateral”. Una situación de auténtica república (en este caso, monarquía) bananera. El gobierno de España ha aprendido mucho de otros países: ahora ya hasta se le ve Maduro.
----::::----
